PN continúa redadas contra contaminación sónica

NACIONALES

CONSTANZA, La Vega.

El Departamento Operativo 1 de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad prosigue tomando medidas a fin de combatir la contaminación sónica, que es uno de los males que por largos años ha estado afectado este municipio de la cordillera Central.

Durante los días 30 de abril y 1ro. de mayo la uniformada realizó varias intervenciones en donde se mantenían equipos sonoros con alto volumen, procediendo a la retención de 20 cajones de bocinas, entre ellos 9 tipo monitores, 7 Drivers, 3 para bajos y 1 bocina recargable marca Yamaha.

La Policía explica en una nota que las redadas y retención de equipos sonoros “van enfocadas en preservar la tranquilidad y la paz de nuestros ciudadanos”, en vista de las denuncias y llamadas telefónicas desde distintos lugares del municipio, de la gente quejándose por la perturbación de su sueño, y que ni siquiera de día pueden escuchar su propia música por el escándalo que provocan los dueños de colmados y otros establecimientos con sus equipos en alto volumen.

Según la nota policial, al frente de las acciones contra la contaminación sonora están el comandante de la institución, coronel Maximiliano Antonio Mejía Matos, y el subcomandante, teniente coronel Luis D. Alcántara Lantigua.

Las redadas se han estado llevando a cabo entre otros sectores en La Secadora, el centro de la ciudad, Colonia Japonesa, Los Priquis, Arroyo Arriba, Las Flores, Los Envasadores y Los Pomos.

El exceso de ruido es un delito

La Ley de Salud Pública No.42-01 del 8 de marzo del 2001, así como la Ley de Protección del Medio Ambiente, 64-00, del 18 de agosto de 2000, establecen normativas contra la contaminación sónica.

Y la Ley 90-19 que modifica la Ley 287-4 sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos que producen contaminación sonora, del 15 de agosto del 2004, en el adicionado Artículo 8.1 establece que: “Se prohíbe el ruido nocivo, molesto o perjudicial para la salud dentro de la República Dominicana, cualesquiera que fuere su origen y lugar, y por tanto constituye un delito ambiental, cualquier persona que produzca ruidos será sancionada de la siguiente manera:

1) Colmados, tiendas de licores, bares, clubes diurnos y nocturnos, cafeterías, y otros lugares abiertos que tengan actividad comercial que impliquen la producción de ruidos, con la pena de tres a veinte salarios mínimos de los establecidos por ley.

2) Sitios públicos concebidos para la recreación y el esparcimiento de las familias,
con una pena de tres a veinte salarios mínimos de los establecidos por ley.

3) Vehículos de motor en la vía pública, mediante el uso de bocinas o equipos de música alterados (fuera de lo que trae el vehículo de fábrica), o falta de silenciadores en el escape, con pena de cinco a treinta salarios mínimos establecidos por ley.

4) En zonas de tranquilidad establecidas en las normas ambientales dictadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tales como: calles, avenidas públicas, áreas residenciales, complejos habitacionales, condominios y en las proximidades de hospitales, colegios, escuelas públicas y privadas e iglesias, con penas de diez a treinta salarios mínimos de los establecidos por ley.

5) En casas o viviendas habitadas que tengan ruidos nocivos de cualquier tipo, cuyos sonidos se prolonguen por más de quince minutos, se le hará una advertencia o llamado de atención a los fines de que reduzcan o eliminen la producción de ruidos molestos. Y en caso de persistir el ruido después del primer llamado, que se le impongan penas de dos a diez salarios mínimos de los establecidos por ley.

6) En todos los demás casos no indicados expresamente en este artículo, se impondrá la pena de multa de entre dos a treinta salarios mínimos conforme a la gravedad del hecho.

Párrafo I.- Las reincidencias de acuerdo a lo establecido en el Código Penal de la
República Dominicana serán sancionadas con el doble de las multas y prisión de uno a tres años, así como la clausura del negocio definitiva o por espacio de treinta a ciento ochenta días, según el caso, o la incautación del vehículo y los objetos que sirvan para la producción de ruidos.

Indiferencia

Con esta intervención policial son 43 los equipos sonoros que han sido retenidos y enviados al fiscal de Medio Ambiente, José Luis Farías Mosquea, para los fines de lugar.

Pese a que tanto Salud Pública, Medio Ambiente y el departamento de Gestión Ambiental del ayuntamiento local tiene responsabilidad de ley para salvaguardar la salud de la población que es víctima de los ruidos provocados por desaprensivos, dichos organismos se hacen de la vista gorda, indiferentes ante un drama que desde hace muchos años afecta esta localidad.